Tribunal decreta prisión preventiva para Joaquín Lavín León
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León, quien fue formalizado por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
La resolución fue adoptada por el juez Daniel Urrutia, quien concluyó que la libertad del imputado representa un peligro para el éxito de la investigación, considerando la gravedad de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público.
Durante la audiencia, el tribunal sostuvo que Lavín León habría utilizado recursos públicos destinados al ejercicio parlamentario para financiar proyectos privados y actividades de carácter político-electoral, beneficiando además a personas de su entorno cercano.
Uno de los principales antecedentes abordados en la formalización fue la creación de la plataforma denominada Social Task. Según la resolución judicial, el exparlamentario no actuaba como un simple usuario de la herramienta tecnológica, sino como su verdadero impulsor, financista y controlador.
El magistrado indicó que Lavín León ideó un mecanismo para desarrollar el proyecto utilizando recursos provenientes del Congreso Nacional. Entre los antecedentes presentados se encuentra la contratación de un tercero, identificado como Vásquez Diéguez, cuyos honorarios alcanzaron los 17 millones de pesos financiados con fondos públicos para trabajar en la plataforma.
Asimismo, el tribunal sostuvo que el imputado promovía posteriormente el software entre otros parlamentarios y actores políticos, transformándolo en un negocio asociado al ámbito electoral.
La investigación también reveló un presunto esquema de desvío sistemático de recursos entre los años 2019 y 2025 mediante pagos realizados bajo la glosa de “gastos operacionales” a través de la empresa Modo 74. De acuerdo con la resolución, dichos servicios eran ajenos a la función parlamentaria.
Según los antecedentes expuestos, Lavín León concentró el 56% de la facturación histórica de la empresa, equivalente a aproximadamente 106 millones de pesos de origen público destinados al desarrollo y funcionamiento del proyecto.
El juez también vinculó parte de esos recursos al entorno familiar y político del exdiputado. En la resolución se detalla que el 44% restante de la facturación correspondía mayoritariamente a servicios contratados por militantes de la UDI, incluyendo facturas emitidas a nombre de su esposa, Cathy Barriga, por cerca de 10 millones de pesos, y de su padre, Joaquín Lavín Infante, por alrededor de 3 millones de pesos.
Otro de los puntos considerados por el tribunal fue la existencia de facturas presuntamente ideológicamente falsas emitidas a través del proveedor MMG. Según la fiscalía, se rindieron documentos por trabajos que nunca se realizaron, sin existir una contraprestación efectiva.
Finalmente, el juez Daniel Urrutia concluyó que los antecedentes permiten establecer, de manera preliminar, que Lavín León utilizó herramientas financiadas con recursos públicos para la obtención y administración de bases de datos electorales, incluso fuera de su distrito, con fines vinculados a campañas políticas.
Debido a ello, el tribunal determinó su ingreso inmediato a prisión preventiva mientras continúa el desarrollo de la investigación.
