La banalidad de la inclusión
Carolina Becerra Sepúlveda
Coordinadora Prufodis, U. Central
Hoy casi ninguna institución se declara contraria a la inclusión. Hospitales, universidades, escuelas y organismos públicos la incorporan en protocolos, campañas y declaraciones. Todos parecen estar de acuerdo con ella. Por eso debemos desconfiar.
Cuando una palabra se repite sin obligar a transformar prácticas, pierde su potencia crítica y se convierte en una fórmula correcta. A eso podríamos llamar la banalidad de la inclusión: no porque incluir sea banal, sino porque su lenguaje ha sido vaciado de consecuencias.
Hannah Arendt mostró que algunas formas graves de daño no nacen solo de una voluntad perversa, sino también de la obediencia rutinaria y de la renuncia a pensar en sus consecuencias. Algo semejante ocurre cuando la inclusión se administra como protocolo, conmemoración o imagen pública, pero no modifica las relaciones de poder que producen exclusión.
Nadie se declara discriminador. Nadie afirma que las personas con discapacidad valen menos. Sin embargo, continúan siendo infantilizadas, postergadas y excluidas de las decisiones que las afectan. Todos hablan de inclusión, pero nadie parece responsable de hacerla efectiva.
Entonces la inclusión deja de interrogar al poder y comienza a protegerlo. Una institución puede exhibir programas y protocolos mientras mantiene prácticas capacitistas, decide por otros y conserva intactos sus criterios de funcionamiento. La inclusión se vuelve una estética institucional: algo que debe verse y comunicarse, aunque no necesariamente vivirse.
El caso de Óscar Walter Díaz expresa de manera extrema esa contradicción. Aunque afirmamos que todas las vidas poseen igual valor, la justicia determinó que su discapacidad incidió en el abandono clínico al que fue expuesto. Lo ocurrido no fue solo una falla individual, sino la consecuencia más grave de una violencia estructural que distribuye desigualmente el cuidado y la protección.
Esa violencia no necesita discursos hostiles. Puede instalarse en procedimientos neutrales, en diagnósticos que reemplazan a las personas, en bajas expectativas presentadas como realismo y en decisiones técnicas que nadie examina éticamente. La discriminación se disfraza de falta de recursos, dificultad administrativa o criterio profesional; la responsabilidad se diluye y el daño recae sobre la persona y su familia.
La inclusión banalizada convive con esa violencia porque se concentra en las declaraciones y no en sus consecuencias. Incluso puede transformarse en coartada: la institución presume ser inclusiva porque organiza actividades o aprueba protocolos, y esa imagen le impide reconocer prácticas discriminatorias.
Una institución no es inclusiva porque lo declare. Lo es cuando las personas pueden ejercer sus derechos sin depender de la sensibilidad de un funcionario, de la insistencia de sus familias o de una sentencia obtenida años después. La inclusión debe medirse por su capacidad para redistribuir poder, recursos, cuidado y participación. Solo conserva su fuerza transformadora cuando incomoda: cuando revisa jerarquías, modifica procedimientos y deja de exigir que quienes han sido excluidos demuestren que merecen entrar.
La banalidad de la inclusión comienza cuando la palabra tranquiliza más de lo que interpela y permite reconocernos como una sociedad moralmente avanzada sin mirar a quienes siguen esperando justicia. El problema no es que falte la palabra inclusión. El problema es que sobra allí donde todavía faltan derechos.
