Diputada Castillo valora objeción de Contraloría a cambios en reglamento de la «Ley Uber»: “El ministerio debe corregir el rumbo”

Antes de conocerse la decisión del órgano contralor, la parlamentaria había solicitado una sesión
especial de la Comisión de Transportes para analizar las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo,
advirtiendo -el pasado martes 9 de junio- la falta de fundamentos técnicos y jurídicos para rebajar
exigencias al transporte menor.
La diputada Nathalie Castillo valoró la decisión de la Contraloría General de la
República (CGR) de objetar el Decreto N°94 del 2026 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicacionesque buscaba modificar el reglamento de los servicios nacionales de
transporte público de pasajeros, también conocido como «Ley Uber». A juicio del organismo
fiscalizador, la propuesta carecía de fundamentos suficientes para justificar una rebaja en las
exigencias aplicables a los taxis.
«La decisión de la Contraloría representa, sin duda, un revés importante para el Ministerio de
Transportes. Lo dijimos y lo advertimos junto al gremio de taxistas durante la comisión y
también al propio ministro: no era aceptable disminuir exigencias técnicas sin una debida
justificación, sin consulta pública y sin fundamentos jurídicos suficientes», señaló la
parlamentaria.
La parlamentaria destacó que estas observaciones fueron planteadas oportunamente en el
Congreso. De hecho, antes de conocerse el pronunciamiento de la Contraloría, el pasado
martes 9 de junio, la diputada Castillo solicitó la realización de una sesión especial de la
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones -la cual integra- de la Cámara de Diputadas y
Diputados para abordar las modificaciones propuestas por el Ejecutivo -a través de los
Decreto N°94 y N°95- advirtiendo que la rebaja de exigencias carecía de fundamentos
técnicos podía afectar tanto a los usuarios como a los trabajadores del transporte.
«Hoy la Contraloría confirma esas observaciones y les da la razón a quienes plantearon
legítimamente sus reparos. Esperamos que el ministro y el Ministerio tomen nota de este
pronunciamiento, corrijan el rumbo y entiendan que las políticas públicas deben construirse
con diálogo, participación y sustento técnico, especialmente cuando afectan el trabajo y la
seguridad de miles de personas», sostuvo Castillo.
A través de un oficio emitido el 10 de junio, la CGR resolvió no dar curso al Decreto N° 94
de 2026, que modificaba el Decreto Supremo N° 212 de 1992. En su pronunciamiento, la
Contraloría estableció que «el acto administrativo en estudio elimina, modifica y disminuye
exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los
servicios de taxi». Asimismo, entre otras cosas, indicó que en el expediente no constaban los
fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justificaran tales medidas, ni tampoco las
razones por las cuales la iniciativa no fue sometida a un proceso de consulta pública.