La nueva ley de personas mayores
Bryan Arpe Hernández
Académico Terapia Ocupacional, U. Central
La reciente publicación de la Ley Integral de Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable representa uno de los avances más relevantes en materia de derechos de las personas mayores en las últimas décadas. Su promulgación marca un cambio de paradigma: deja atrás una mirada asistencialista para reconocer a las personas mayores como sujetos de derechos, estableciendo garantías vinculadas a la autonomía, la participación, la salud, la educación, la conectividad y la protección frente al abandono social.
Sin embargo, sería un error atribuir este logro exclusivamente al actual gobierno. Esta ley es el resultado de años de trabajo impulsado por organizaciones de personas mayores, académicos, profesionales, equipos técnicos, organismos internacionales y sucesivas administraciones de distintas representaciones políticas. Es una política de Estado construida colectivamente, que refleja la urgencia de responder a una realidad demográfica ineludible: Chile envejece aceleradamente.
Precisamente por ello resulta preocupante que, en la reciente Cuenta Pública, se haya dedicado escasa atención a las personas mayores y a los desafíos asociados al envejecimiento de la población. La omisión no es menor. Mientras la nueva ley reconoce quince derechos fundamentales y fortalece institucionalmente al SENAMA, diversas medidas de ajuste y recorte presupuestario impulsadas por el Ejecutivo generan incertidumbre respecto de la capacidad real del Estado para garantizar esos derechos.
Promover la autonomía requiere inversión en salud, rehabilitación, cuidados de largo plazo, accesibilidad, transporte, participación comunitaria y programas de prevención. Combatir el abandono social exige fortalecer las redes territoriales y los dispositivos de apoyo. Fomentar la conectividad demanda reducir brechas digitales. Ninguno de estos objetivos puede alcanzarse únicamente mediante declaraciones de principios; requieren recursos, planificación y voluntad política sostenida.
La propia ley establece plazos ambiciosos para su implementación y para la elaboración de una Política Nacional de Envejecimiento con una visión de largo plazo. Esto representa una oportunidad histórica para construir respuestas integrales frente a fenómenos como la dependencia, la soledad no deseada, la fragilidad y la exclusión social. Pero también implica una responsabilidad para el gobierno de turno, como asegurar que las decisiones presupuestarias sean coherentes con los compromisos que el Estado acaba de asumir.
La verdadera prueba de esta nueva legislación no está en su reciente publicación en el Diario Oficial, sino en su implementación efectiva. Reconocer derechos es un primer paso indispensable; garantizarlos es el desafío real. En un país donde las personas mayores ya superan los tres millones de habitantes y continuarán aumentando durante las próximas décadas, relegar sus necesidades a un segundo plano no solo sería una inconsistencia política, sino también una profunda falta de visión de futuro.
