Apoderada atacó a profesora de segundo básico en Colina: Municipio interpuso querella
Un nuevo episodio de violencia escolar encendió las alertas en la Región Metropolitana, en medio de la creciente preocupación por la seguridad en los establecimientos educacionales y la protección de docentes y asistentes de la educación.
El hecho ocurrió el pasado 6 de abril en la Escuela Básica Marcos Goycolea Cortés, en la comuna de Colina, cuando una apoderada ingresó sin autorización al recinto en momentos en que finalizaba la jornada escolar y atacó a una profesora de segundo básico.
De acuerdo con los antecedentes presentados ante la Fiscalía, la agresión se extendió por un lapso de entre 10 y 15 minutos, periodo en el cual la docente fue víctima de golpes, tirones de cabello e intentos de derribarla al suelo. La situación obligó la intervención de otras dos profesoras y una inspectora, quienes intentaron contener a la agresora.
Tras lo ocurrido, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, encargada de la administración del establecimiento, presentó una querella criminal en contra de la mujer identificada como responsable del ataque.
En la acción judicial, el hecho fue calificado como lesiones menos graves, delito que contempla penas que van desde 541 días hasta tres años de cárcel. Asimismo, se expone que la agresión no solo afectó a la profesora directamente involucrada, sino que también impactó al resto del personal presente, alterando el normal funcionamiento del recinto y la seguridad del entorno escolar.
Junto con la querella, se solicitó al Ministerio Público la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima, tanto en su lugar de trabajo como en su domicilio, con el objetivo de resguardar su integridad.
Este caso se suma a otros hechos registrados a nivel nacional, reabriendo el debate sobre la violencia en comunidades educativas y la necesidad de reforzar las medidas de protección. La agresión en Colina ocurre a pocas semanas del ataque armado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, que terminó con la muerte de una inspectora de 59 años, y en un contexto en que cerca de 70 establecimientos han debido suspender clases o actividades tras recibir amenazas.
