El debate sobre acortar las carreras en Chile
Andrea Figueroa Vargas
Investigadora y académica Facultad de Educación, U. Central
La propuesta de reducir la duración de las carreras universitarias ha vuelto a instalar una discusión que, más allá del número de semestres, obliga a preguntarse qué entendemos hoy por formación profesional. En Chile, el debate no puede limitarse a comparar años de estudio con otros países ni a asumir que carreras más cortas son, por definición, más eficientes.
Históricamente, el sistema universitario chileno se ha construido sobre una tradición formativa distinta a la de muchos países europeos y anglosajones. La formación disciplinar profunda ha sido concebida como el eje central del quehacer universitario, instalando una idea ampliamente compartida: mientras más extensa es la trayectoria formativa, mayor es la apropiación de conocimientos y, por ende, mejor la preparación profesional.
En este contexto, la propuesta impulsada por la Subsecretaría de Educación Superior para reducir la extensión de los programas de pregrado abre una discusión necesaria. Sin embargo, cualquier avance en esta dirección debería sustentarse, al menos, en dos condiciones fundamentales. La primera es fortalecer la articulación entre títulos y grados académicos, diferenciando con claridad los perfiles formativos y profesionales. La segunda es avanzar en mecanismos efectivos de reconocimiento de aprendizajes previos, promoviendo trayectorias más flexibles entre modalidades de estudio e incorporando nuevas formas de certificación, como las microcredenciales.
Tomar como principal argumento la experiencia internacional resulta insuficiente para comprender la complejidad del escenario chileno. Los sistemas de educación superior responden a trayectorias históricas, culturales e institucionales específicas que no siempre son transferibles de manera automática. Reducir la duración de las carreras implica intervenir prácticas, expectativas y significados profundamente arraigados en la cultura universitaria.
A ello se suma una dimensión institucional igualmente relevante. Las universidades han desarrollado estructuras curriculares, normativas y modelos de gestión que responden a una determinada concepción de formación profesional. Modificar la extensión de los programas supone revisar estos marcos y generar condiciones que permitan una transición coherente y sostenible.
La articulación de trayectorias formativas y el aprendizaje a lo largo de la vida ofrecen oportunidades para flexibilizar los procesos educativos y repensar la duración de las carreras. No obstante, el desafío de fondo no es simplemente operacional. La discusión interpela las concepciones mismas sobre la formación profesional, el valor de los saberes universitarios y las tensiones que emergen frente a una creciente orientación hacia la especialización técnica y la empleabilidad inmediata.
Por ello, antes de preguntarnos cuánto deben durar las carreras, quizás la discusión más relevante sea qué tipo de profesionales queremos formar y cómo construir trayectorias educativas capaces de responder a los desafíos de una sociedad que exige aprendizaje permanente, movilidad y actualización continua de competencias.
