Gobierno impulsa norma que obligaría a colegios y centros de salud a entregar datos de migrantes irregulares
Una nueva indicación presentada por el Gobierno durante la tramitación del proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsiones administrativas abrió un intenso debate tras proponer que distintas instituciones públicas y privadas deban entregar antecedentes sobre personas extranjeras en situación migratoria irregular.
La propuesta fue ingresada durante la revisión de la iniciativa en su segundo trámite legislativo y plantea que organismos estatales, entidades previsionales, establecimientos de salud y centros educacionales proporcionen información requerida por la autoridad migratoria respecto de personas sujetas a procedimientos en curso.
Según el texto presentado, los antecedentes solicitados podrían incluir datos como domicilio, números telefónicos, correos electrónicos y otros registros considerados relevantes para apoyar investigaciones o procesos administrativos vinculados a materias migratorias.
La medida alcanzaría a organismos como Fonasa, Isapres, AFP, colegios, jardines infantiles, hospitales y consultorios, entre otras instituciones tanto públicas como privadas. El objetivo, de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo, apunta a utilizar los distintos puntos de contacto que mantienen los migrantes con el Estado para facilitar su identificación y avanzar en eventuales procesos de expulsión.
La iniciativa también busca fortalecer la capacidad de fiscalización respecto de situaciones laborales o administrativas vinculadas a personas que permanezcan en el país sin regularizar su situación migratoria.
Desde el ámbito legislativo, algunos parlamentarios han respaldado la propuesta señalando que podría transformarse en una herramienta para recopilar información relevante y agilizar procedimientos pendientes, además de entregar antecedentes sobre la presión que enfrentan distintos servicios públicos.
Respecto al mecanismo de funcionamiento, se indicó que las instituciones no remitirían información de forma automática, sino únicamente cuando exista un requerimiento específico de la autoridad administrativa migratoria, función que recaería en el Servicio Nacional de Migraciones.
El texto también establece que los datos entregados deberán mantenerse bajo estricta reserva y utilizarse exclusivamente para fines migratorios específicos, resguardando el tratamiento de la información conforme a las normas sobre protección de datos personales.
La propuesta continúa su tramitación legislativa y se anticipa que podría abrir nuevas discusiones respecto de sus alcances, especialmente en materias vinculadas a privacidad, acceso a derechos y facultades del Estado en el control migratorio.
