Organizaciones de derechos humanos entregan carta a presidenta de Corte de Apelaciones de La Serena por posible indultos a criminales

Organizaciones de derechos humanos, agrupados en la Mesa de Trabajo y Reflexión
de Derechos Humanos de la región de Coquimbo, entregaron una carta a la presidenta de la
Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni Vera, para manifestar su preocupación
ante posibles indultos que se podrían otorgar a criminales de lesa humanidad.
Las vocerías de la mesa señalan que sería un grave retroceso en materia judicial que prospere
la política de indultos anunciada hace algunas semanas por el gobierno de José Antonio Kast.
La misiva entregada en la sede judicial de la comuna fue acompañada por el equipo de la
parlamentaria Nathalie Castillo.
En palabras de la diputada, “nos parece gravísimo que se pretenda avanzar en indultos a
criminales condenados por delitos de lesa humanidad, muchos de ellos responsables de
secuestros, torturas, desapariciones y ejecuciones durante la dictadura civil-militar, e incluso
en contexto de la revuelta social del 2019. Aquí no puede haber espacio para la impunidad ni
señales de retroceso democrático”.
La parlamentaria agregó que “la memoria, la verdad y la justicia son pilares fundamentales
para cualquier sociedad democrática. Chile tiene obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos, y avanzar en beneficios o indultos para violadores de derechos humanos
no solo hiere a las víctimas y sus familias, sino que además debilita el compromiso del
Estado con el nunca más”.
A la Corte de Apelaciones se dirigieron voceros y voceras de los colectivos 20 de octubre y
del Colectivo Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos
(FADDEP). Piero Santoro Maffei, Hedy Araya Villanueva, Marcela Reyes y Marlinda
Alcayaga, miembros de estas organizaciones, creen importante reunirse con la titular del
Tribunal de Alzada para manifestar presencialmente estas inquietudes.
Desde la Mesa de Trabajo y Reflexión de Derechos Humanos señalaron que la preocupación
radica en que estas medidas podrían abrir paso a nuevas formas de impunidad, relativizando
crímenes que son imprescriptibles y que constituyen graves violaciones a los derechos
humanos.