PAÍS

Camioneros: ¿hasta cuándo los privilegios sobre ruedas?

Dr. Alejandro Torres Flores Académico Ingeniería, U. Central

En Chile, pocos sectores económicos tienen tanta capacidad de presión como los camioneros. Basta una amenaza de paralización para que el abastecimiento, las carreteras y la economía entren en alerta. Una posición estratégica que, durante décadas, ha permitido al gremio negociar beneficios tributarios y medidas de apoyo que difícilmente otros sectores consiguen con semejante rapidez.

El ejemplo más evidente es la devolución parcial del impuesto específico al diésel. Un mecanismo que permite a las empresas de transporte de carga recuperar entre el 31% y el 80% de este tributo, dependiendo de sus ingresos. Un beneficio concebido como transitorio, pero prorrogado sucesivamente, lo cual también es una paradoja medioambiental porque el Estado de Chile subvenciona uno de los combustibles fósiles más contaminantes y cuyas emisiones son altamente peligrosas para los seres humanos. A ello se suman medidas de estabilización de combustibles y acuerdos extraordinarios frente a las alzas de costos.

El reciente acuerdo de noviembre de 2026 vuelve a poner el tema sobre la mesa. Una rebaja de $142 por litro de diésel y la extensión de beneficios tributarios hasta 2027. La pregunta es inevitable ¿cuánto de estas decisiones responde a una estrategia de desarrollo y cuánto a la capacidad de paralizar el país?

Es cierto que los camioneros cumplen una función indispensable. Transportan alimentos, medicamentos, materias primas y productos esenciales. También enfrentan costos elevados, inseguridad y fluctuaciones del combustible. Pero reconocer su importancia no significa aceptar que un sector económico pueda condicionar permanentemente las decisiones públicas.

Existe, además, una contradicción difícil de justificar. Mientras se destinan recursos fiscales a sostener el transporte carretero, Chile mantiene una participación ferroviaria marginal en el movimiento de carga. Según antecedentes del Ministerio de Transportes, apenas un 5% se moviliza por tren, pese a sus ventajas ambientales y logísticas.

Cada tonelada que puede trasladarse eficientemente por ferrocarril representa una oportunidad para reducir emisiones, descongestionar carreteras, disminuir accidentes y aliviar el deterioro de caminos sometidos al tránsito constante de vehículos pesados. También significa menores necesidades de mantención vial y una cadena logística menos dependiente de un único sistema de transporte.

No se trata de eliminar los camiones. Su flexibilidad resulta insustituible en numerosos trayectos, especialmente en la distribución de última milla. El desafío es integrarlos con una red ferroviaria moderna, capaz de conectar puertos, centros productivos y ciudades.

Chile necesita discutir sus prioridades. Invertir en infraestructura ferroviaria, terminales intermodales y corredores logísticos no es una amenaza para el transporte terrestre, sino una oportunidad para modernizarlo, lo cual además fomenta la libre competencia, lo cual podría regular los costos del transporte de mercancías.

El debate de fondo no debería ser cuántos beneficios adicionales pueden conseguir los camioneros, sino cuánto está dispuesto a invertir el país para construir un sistema de transporte más eficiente, limpio y competitivo. Porque las políticas públicas deben responder al interés general, no a la capacidad de presión de quienes tienen las llaves de las carreteras.

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