Diputada Castillo cuestiona Dominga tras querella por pagos de Andes Iron a bufete vinculado a la “trama bielorrusa”
La diputada Nathalie Castillo deslizó una fuerte crítica al proyecto minero-portuario
Dominga tras conocerse una querella presentada por Greenpeace por los presuntos delitos de
cohecho agravado y revelación de secreto, acción judicial que fue admitida el pasado 18 de
mayo por el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, según informó El Desconcierto.
La querella surge luego de una investigación del medio Reportea, que reveló pagos realizados
por la empresa Andes Iron entre marzo y diciembre de 2023 al estudio jurídico Lagos, Vargas
& Silber, una de las oficinas vinculadas a la denominada “trama bielorrusa”. Los montos
ascienden a $255,5 millones, pese a que la representación legal de la minera estaba radicada
en otro estudio jurídico.
“Dominga vuelve a demostrar algo que las comunidades vienen denunciando por años:
cuando el poder económico presiona para acelerar proyectos a cualquier costo, quienes
terminan pagando las consecuencias son las familias, el medio ambiente y la confianza
pública en las instituciones. Lo hemos dicho mil veces, no se trata de un megaproyecto que
impacta al Archipiélago de Humboldt también ha destacado por sus redes de influencia,
conflictos de interés y actos de corrupción vinculados a decisiones judiciales y actores
relacionados con la tramitación de Dominga”, señaló Castillo
“Lo denunciamos en la tramitación de la megareforma cuando existen sospechas de
corrupción lo mínimo es fortalecer la transparencia, aumentar los controles y robustecer la
institucionalidad ambiental. Pero ocurre exactamente lo contrario: quieren acelerar
aprobaciones, limitar revisiones y reducir exigencias ambientales en favor del poder
económico en Chile”, complementó.
La querella agrega un nuevo antecedente: Cecilia Ramírez, esposa del ministro de la Corte
Suprema Jean Pierre Matus, habría desempeñado funciones en el estudio jurídico, recibiendo
pagos por un total de $18 millones entre 2023 y 2024, periodo que coincide con los pagos
realizados por Andes Iron al bufete, según el escrito judicial.
Greenpeace sostiene que este mecanismo habría operado como una “pantalla” para canalizar
beneficios económicos hacia el ministro o su círculo cercano. El abogado querellante
Mauricio Daza recordó además que Matus votó en dos oportunidades a favor del proyecto
Dominga, siendo incluso redactor de uno de los fallos.
Cabe recordar que la diputada Castillo solicitó anteriormente la inhabilidad del ministro para
redactar uno de los fallos, luego de conocerse que Jean Pierre Matus había incorporado en su
listado de inhabilidades al abogado Marcelo Castillo, gestor de intereses del proyecto
Dominga.
“La querella presentada por Greenpeace Chile es de tremenda relevancia, porque vuelve a
poner sobre la mesa antecedentes que no pueden esconderse bajo discursos de crecimiento
económico. Si las organizaciones ambientales, comunidades y expertos coinciden en advertir
riesgos institucionales y ambientales, el Estado tiene la obligación de escuchar y actuar con
responsabilidad”, concluyó la parlamentaria.
