Diputada Nathalie Castillo presenta batería de 168 indicaciones para frenar desregulación ambiental y tributario en proyecto «súper ricos»
La diputada Nathalie Castillo ingresó un total de 168 indicaciones al proyecto de Reforma Tributaria impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, conocido como «Ley Miscelánea» o «Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social», iniciativa presentada el pasado 22 de abril y cuya idea de legislar ya fue aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto continuará ahora su discusión en particular.
En ese contexto, la parlamentaria presentó un paquete de modificaciones orientadas principalmente a fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y control institucional; resguardar estándares de protección ambiental y participación ciudadana; y evitar flexibilizaciones excesivas en materias ambientales, tributarias y patrimoniales.
Para la diputada, estas propuestas responden a la necesidad de corregir diversos aspectos del proyecto que podrían generar efectos regresivos en materia ambiental, tributaria, patrimonial y de control institucional. Esta preocupación no es nueva para la parlamentaria, puesto que durante la administración del presidente Boric ya había realizado una defensa ambiental e hídrica en proyecto de las desaladoras, discutidas durante el anterior periodo parlamentario.
«Hay una tendencia a flexibilizar procedimientos y reducir estándares de fiscalización, participación ciudadana y protección ambiental, así como a fortalecer beneficios tributarios y mecanismos excepcionales que podrían favorecer desproporcionadamente a grandes grupos económicos y rentas de capital. Es muy preocupante y una pésima señal para el país», señaló Castillo.
Asimismo, las indicaciones buscan focalizar beneficios económicos y tributarios en pequeñas y medianas empresas, proteger derechos sociales vinculados a la gratuidad, capacitación y acceso a políticas públicas, además de impedir privilegios tributarios permanentes o desproporcionados para grandes grupos económicos y proyectos de inversión.
La representante de la región de Coquimbo identificó puntos críticos principalmente en materia medioambiental, advirtiendo que el proyecto debilita atribuciones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En materia de reconstrucción, las indicaciones apuntan a fortalecer la transparencia y las rendiciones de cuentas del Fondo de Emergencia. En acuicultura y pesca, buscan evitar conflictos de interés en informes técnicos y reforzar la fiscalización ambiental.
En materia tributaria, las modificaciones proponen focalizar los beneficios en pequeñas y medianas empresas, mientras que en educación superior se busca eliminar artículos que limitarían el financiamiento y la gratuidad.
«Lo que buscamos con estas indicaciones no es entorpecer el proyecto del gobierno, sino reequilibrarlo y fortalecer principios fundamentales como la transparencia, el control público, la responsabilidad fiscal y el resguardo de derechos sociales. Queremos evitar que medidas extraordinarias derivadas de la reconstrucción terminen consolidando regímenes permanentes de excepción o debilitando las instituciones», concluyó la parlamentaria.
