El SERNAC inició una fiscalización a nivel nacional con el objetivo de verificar algunas prácticas que estarían afectando a los consumidores respecto al costo del examen para detectar el COVID-19.
La investigación se inició luego de analizar los reclamos que indican que diversos centros médicos están incurriendo en prácticas contrarias a lo establecido en la Circular de la Superintendencia de Salud y de la Ley del Consumidor, especialmente respecto de la venta atada de otros exámenes o prestaciones.
Lo que instruye dicha Circular a los prestadores es que, cuando el paciente llega con una orden externa para realizarse el examen para detectar el COVID-19, denominado Reacción de Polimerasa en Cadena (PCR), deben hacerlo; y no obligarlo a una nueva consulta con los médicos del centro.
No obstante, en los reclamos recibidos se ha detectado que el laboratorio exige a la persona una orden médica de un profesional del mismo hospital o centro médico al que pertenece el laboratorio, pese a que la orden de cualquier médico debería servir, con independencia del recinto en el cual se desempeñe.
Además, pese a que el usuario va a practicarse solamente el examen de detección del COVID-19, el laboratorio, hospital o centro médico le exige como requisito practicarse otros exámenes o pagar por otros servicios o costos de insumos médicos. Es decir, los centros de salud encarecen artificialmente el costo básico del examen, “amarrando”, condicionando o atándolo a otros productos o servicios, pues exigen al usuario realizarse procedimientos que no son necesarios para detectar el virus o le aplican cobros de insumos médicos que se usan como protección para realizar el examen.
Hay que recordar que el precio del PCR fue fijado por la autoridad de salud en un valor monto máximo de $25.000. No obstante, con este tipo de prácticas, los consumidores indican que terminan pagando más de 80 mil pesos en algunos casos.