Pescadores artesanales de Caleta Sierra de Ovalle se quejaron ante la autoridad por el tiempo que ha transcurrido para evitar el desalojo de los trabajadores de mar, ya que señalan aún están en riesgo de irse y que la caleta pase a propiedad de sus habitantes.
Detallan que al momento el caso sigue en el 3° Juzgado de Ovalle, ya a dictar resolución, por lo que los pescadores siguen en vilo y en peligro de ser desalojados evitando así que los terrenos, que han habitado por muchos años, pasen a ser de su propiedad.
Al dictarse la Ley de Regularización de Caletas, el Estado puede expropiar, pasando por un proceso previo administrativo, pero, el actual Gobierno aún no ha realizado ningún trámite al respecto, no está aplicando la ley y es lo que está preocupando, añaden.
En una nueva reunión, entre pescadores y autoridades, el secretario de la Asociación Gremial de la Caleta ovallina, Mauricio Vega indicó que “hay dilaciones por parte de la autoridad porque el tiempo se nos agota. Ha pasado tiempo y aún estamos en riesgo de ser desalojados. Queremos respuestas concretas y rápidas”.
Por su parte el diputado Daniel Núñez, indicó «lamentablemente el Gobierno ha actuado con una negligencia que nos ha llevado a tener una dilación inexcusable en la aplicación de la Ley de Regularización de las Caletas Pesqueras. Nosotros en el Congreso hicimos la pega, nos costó mucho, sacamos una ley que tiene un informe financiero que tiene presupuesto que permite expropiar terrenos a privados, para regularizar y evitar desalojo teniendo como lugar emblemático Caleta Sierra».
Núñez hizo un llamado a la movilización, ya que «y ahora producto de la negligencia del Gobierno, hay un riesgo inminente de desalojo por resolución judicial. Seguir pidiendo cosas a las autoridades que no asumen que su deber es aplicar una ley, es poco productivo, por lo tanto, creo que debe haber es movilización y presión social, mi llamado a los pescadores de la región es a la movilización para exigir la aplicación de esta ley».
La directora regional de Sernapesca, Cecilia Solís, expresó “nosotros no expropiamos nada, es Bienes Nacionales. Acá hay un trabajo que nos mandata la ley, haremos una comisión intersectorial, (o secretaría técnica) levantar la información y ahí se deben tomar las decisiones en cada caleta. Sabemos lo que ocurre aquí y por eso venimos para que los pescadores estén tranquilos. Debemos ser cuidadosos”.
En tanto Lilian Hiderland, directora regional de Obras Portuarias, dio a conocer la ampliación del embarcadero de la caleta, proyecto realizado en el Gobierno de Bachelet. “Soportará 2 embarcaciones extras, electrificación, sistema sanitario del embarcadero. En un año estará lista esta ampliación y tuvo un costo de $1.000 millones”. Cerca de 300 personas viven en el lugar.