Diputada Castillo y concejala Elgueda recogen diagnóstico de juntas de vecinos de Coquimbo tras sistema frontal y piden prórroga de la FIBE

Dirigencias sociales de juntas de vecinos de la Parte Alta de Coquimbo, El Llano y Guayacán
plantearon problemas en la entrega de ayudas, la aplicación de la FIBE y cuestionaron la respuesta
de empresas de servicios básicos durante la emergencia. Se acordó elaborar un catastro y
consolidado de necesidades para llevar sus demandas al Ejecutivo.
La diputada Nathalie Castillo y la concejala de Coquimbo, Sonia Elgueda, sostuvieron una reunión de
trabajo con representantes de nueve juntas de vecinos de la Parte Alta, El Llano y Guayacán, con
quienes realizaron un análisis y diagnóstico de la respuesta institucional y las principales
consecuencias que dejó el sistema frontal en estos sectores de la comuna.
Durante el encuentro, las dirigencias vecinales señalaron que existió desorganización en la entrega de
las ayudas de emergencia provenientes de SENAPRED, particularmente en la distribución de cajas,
además de dificultades y problemas de coordinación en la aplicación de la Ficha Básica de
Emergencia (FIBE).
Precisamente, una de las principales solicitudes fue gestionar una prórroga para la aplicación de la
FIBE, evitando que personas damnificadas queden fuera de los catastros y eventuales ayudas por
problemas de plazo o coordinación institucional.
“Nos han planteado problemas en la distribución de las ayudas, dificultades con la FIBE y una
respuesta que en distintos momentos no tuvo la coordinación que una emergencia de esta magnitud
requería. Nuestro compromiso es recoger estos antecedentes, ordenarlos y llevarlos directamente al
Ejecutivo para exigir respuestas y soluciones”, señaló la diputada Nathalie Castillo.
Otro de los puntos abordados fue la evaluación de la respuesta de las empresas de servicios básicos.
Los vecinos y vecinas manifestaron su preocupación por lo que calificaron como poca disposición y
capacidad de respuesta de Aguas del Valle y CGE durante la emergencia en estos sectores,
especialmente frente a las dificultades que enfrentaron las comunidades producto de las interrupciones
y problemas asociados al suministro.
Por su parte, la concejala Sonia Elgueda destacó la importancia de que la reconstrucción y evaluación
de la emergencia se realicen escuchando directamente a las organizaciones territoriales.
“Las juntas de vecinos fueron fundamentales durante la emergencia y son quienes conocen de primera
fuente las necesidades de cada sector. Por eso acordamos hacer un catastro, reunir y sistematizar sus
demandas y generar un trabajo sectorial que nos permita llevar una voz común ante las autoridades.
No queremos que estas experiencias queden solamente en un diagnóstico, sino que permitan obtener
respuestas concretas y mejorar la forma en que se enfrenta una emergencia”, señaló Elgueda.
La experiencia y los antecedentes recopilados por las organizaciones vecinales serán incorporados al
trabajo de la futura Comisión Especial Investigadora (CEI) impulsada por la diputada Castillo en la
Cámara de Diputadas y Diputados para fiscalizar la actuación de los organismos públicos frente al
sistema frontal.
“Queremos que la futura Comisión Investigadora también pueda escuchar lo que vivieron los
territorios. La fiscalización no puede hacerse solamente desde Santiago o revisando documentos:
necesitamos conocer qué pasó en los barrios, cómo llegaron las ayudas, qué ocurrió con los servicios
básicos y dónde fallaron las coordinaciones. Esa experiencia será fundamental para determinar
responsabilidades y, sobre todo, para que estas situaciones no vuelvan a repetirse”, agregó Castillo.
Como parte de los acuerdos, se realizará un catastro y un consolidado de las necesidades que persisten
en los distintos barrios. Asimismo, se acordó convocar un encuentro sectorial de juntas de vecinos y
vecinas, que permita ampliar el diagnóstico, sistematizar las demandas y construir un documento
común para ser presentado ante el Ejecutivo.