Si bien era una práctica regular y conocida en el municipio, bastó para que una boleta de honorarios del Jefe de Gabinete, Juan Carlos Rojas, por un monto de $ 1.888.889, publicada en redes sociales, desatara la polémica.
Y esto, debido a la actual situación país, que vive una pandemia al igual que el resto del mundo, pero con una región de Coquimbo con un desempleo de 13% y con un Municipio con una millonaria deuda de arrastre. La boleta en cuestión fue el punto de inflexión para poner esta práctica de «sobresueldos» en la mira de la comunidad.
Cabe señalar que esta práctica ha sido recurrente en anteriores periodos edilicios y se usa para complementar sueldos de funcionarios municipales de planta o contrata (plazo fijo). En el caso de Rojas, este boleta figura como «Promoción de la Participación y Recuperación de la confianza en la ciudadanía, Junio 2020». El funcionario, según la página de transparencia, aparece con una remuneración bruta de $ 1.640.667 (por su cargo de planta más un asignación PMG que entrega el estado cada 3 meses).
Visada por la Contraloría
El alcalde (s) de Coquimbo, Patricio Reyes, salió al paso de la polémica. «esta es una práctica que se realiza en la municipalidad de Coquimbo desde hace 25 años, no es algo que haya comenzado ahora, antes estaba super extendido, ahora se redujo a casos bien puntuales, de gente que teniendo situación de planta o contrata tiene algún contrato adicional para que, fuera del horario de trabajo, pueda cumplir algunas otras funciones. Quizás estéticamente no es lo más adecuado, o a la luz de la pandemia se ve todo como muy negativo, es un practica que es legal y se ha utilizado otras veces en el sistema público. esto no significa que no estemos sujetos a revisarla o a estudiarla».
El alcalde subrogante señaló que esto ha sido visado por Contraloría y que no reviste ningún tipo de falta administrativa, junto con señalar que serían otros 20 funcionarios que estarían funcionando bajo la misma modalidad.
El mismo Rojas también salió a explicar la situación. En conversación con Radio Guayacán, el aludido afirmó que «los sueldos son públicos, están en transparencia, y la verdad es que han levantado una tremenda nube de humo con este tema, para una cosa que está de acuerdo a la ley. Este es un sueldo que yo recibo por mis actividades en el municipio».
«Mi sueldo actual es de $ 3.200.000, incluso es mucho menos de lo que ganaba hace algunos meses atrás, debido a la situación financiera que vive el municipio, incluso a muchos cargos de confianza se les descontaron las horas extras. en un plan de ahorro dentro del municipio», agregó el jefe de gabinete coquimbano.
Rojas agrega que recibo el sueldo por trabajar 44 horas semanales, y tengo nuevas funciones que las realizo después de las 17:30 horas, los sábados y domingos, y los turnos cuando corresponde. Eso suma un total de $ 3.200.000, es el mismo sueldo que se fija para los jefes de gabinete de la municipalidad, el mismo que ganaba el jefe de gabinete de la anterior administración».
Concejales preocupados
La polémica escaló a los concejales, quienes, con diversos matices, coinciden en que es una práctica que más alla de la legalidad, no se condice con el actual momento del municipio y del país. El concejal (PC) Fernando Viveros señaló que se ha solicitado información reiteradas veces sobre este tema. «Se entregó en el concejo, pasaron 15 días hábiles, no se nos respondió, y es por eso que nuevamente mandamos un reitérese preguntando lo mismo, y en ese momento aparecen esas boletas de Juan Carlos Rojas, boletas que viene emitiendo hace mucho tiempo, y que nosotros creemos que eso hay que terminarlo», explicó.
Alejandro Campusano, señaló que «ojala se pueda clarificar esto, el concejo municipal pasado solicité informes de horas extras y también la existencia de dobles contratos, pues el alcalde (Marcelo Pereira) ha señalado que se realizaría un plan estratégico para reducir el tema de los gastos.y también se planteó estudiar de nuevo el presupuesto, cuestión que yo apoyé».
Guido Hernández (RN) afirma que «todos quienes estamos en el servicio público debemos entender que no se pueden hacer las cosas como se venían haciendo hasta ahora, esta es una situación que se viene dando de gestiones anteriores, son prácticas que están validadas por Contraloria, pero que claramente no sintonizan con la realidad que está viviendo la comuna».
Mario Burlé, concejal UDI, manifestó no estar de acuerdo «con que se paguen boletas, así lo he hecho saber en las comisiones en que he participado, es un tema a tratar, teniendo presente que el pago de estas boletas y las desvinculaciones son facultad exclusiva del alcalde. Este tema lo voy a volver a tratar en concejo y en la comisión de Régimen Interno que presido».
Las dudas que quedan
Si bien, tal como lo señalan desde el Municipio, la Contraloría ha avalado esta práctica desde hace 25 años, en este caso específico, quedan las dudas sobre si corresponde o no que un funcionario del rango y características de Rojas pueda percibir honorarios por las funciones declaradas en la glosa de la mentada boleta.
Según el abogado y Magister en Derecho Público, Gabriel Osorio, no corresponde. «Yo le diría al jefe de gabinete del municipio de Coquimbo que se busque un buen abogado» señaló.
Y agrega: «el estatuto de funcionarios municipales establece excepcionalmente la posibilidad de ejercer un cargo de honorarios fuera del horario laboral, sin embargo, esta excepción no se podría realizar sin que se constituya dentro de la jornada laboral o si es que esto no constituye parte de las funciones que normalmente ejerce el funcionario».
En cuanto al caso del jefe de gabinete del municipio, Osorio es tajante en señalar que «según lo que estipula el estatuto municipal los contratos señalados estarían fuera de norma, ya que el horario laboral de un jefe de gabinete es 24/7 y no estaría realizando otro oficio, fuera de sus funciones administrativas, que le permitiría entrar en esta norma de excepción que autoriza recibir sobre sueldos, por esto le aconsejo que se busque un buen abogado».
Osorio va más lejos: «En este caso implica una infracción grave del principio de probidad de parte del edil» y agrega que además los funcionarios que estuvieron a cargo de la confección y tramitación del contrato también arriesgan sanciones administrativas.