Estas empresas han decidido mantener la relación con sus trabajadores y optar por la suspensión de contratos en vez de los despidos, lo que implica que 516.826 trabajadores podrán acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía, sin perder los beneficios de la relación laboral, tales como antigüedad y derecho a vacaciones.
Las cifras señalan que del total de empresas que se acogieron a la ley, el 2,5% corresponde a empleadores de la región de Coquimbo que son cerca de 1.600 empresas regionales y más de 8.700 trabajadores que tendrán accesos a las prestaciones del Seguro de Cesantía.
El Seremi del Trabajo, Matías Villalobos explicó que “la normativa está enfocada en ayudar a los trabajadores y a mitigar, en parte, los efectos negativos económicos y de empleo, por la emergencia sanitaria que vivimos en el país. Con esto buscamos dar estabilidad a los trabajadores para que mantengan su fuente de trabajo, asegurarles ingresos y minimizar los riesgos de perder su empleo”.
La Ley de Protección del Empleo permite que, ante un mandato sanitario que determine la paralización total o parcial de las actividades laborales o mutuo acuerdo, entre empleador y trabajador, se podrá suspender temporalmente el trabajo en la empresa, pero manteniendo el empleo, el contrato y todos los derechos laborales, como el pago de las cotizaciones por parte del empleador.
La iniciativa permitirá también la reducción de la jornada laboral en hasta 50%, compensando parte de la disminución de la remuneración de los trabajadores con recursos del seguro de cesantía; la suspensión de las relaciones laborales a las trabajadoras de casa particular, accediendo al beneficio de la indemnización a todo evento y prohibirá durante seis meses, o bien, existiendo el Estado de Catástrofe, las desvinculaciones por fuerza mayor que invoquen como motivo de la pandemia del Covid-19.
En este sentido y según cifras de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), en la región de Coquimbo 266 empresas suspendieron contratos con sus trabajadores por motivos de acto de autoridad. Mientras que más de 1.400 empresas optaron por el acuerdo entre sus trabajadores para lograr una suspensión del contrato.