La crisis de las pedagogías no es la matrícula
Dra. Andrea Figueroa Vargas
Académica e investigadora Facultad de Educación, U. Central
Cada enero y julio se repite el mismo escenario. Tras conocerse los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), vuelve la preocupación por la baja matrícula en las carreras de pedagogía. Sin embargo, explicar este fenómeno únicamente a partir de las cifras resulta insuficiente y superficial.
La crisis de las pedagogías no comienza cuando un joven decide no estudiar para ser profesor o cuando un estudiante con vocación opta por otra carrera. Comienza mucho antes: en la desvalorización social de la profesión docente, en los prejuicios familiares hacia quienes eligen la pedagogía, en la creciente carga burocrática, en las condiciones laborales que enmarcan el ejercicio docente y en la violencia escolar que hoy amenaza la integridad física y emocional de quienes enseñan.
Durante décadas, Chile impulsó políticas para fortalecer la formación inicial docente. Desde el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente (PFID), en los años noventa, hasta la Ley de Desarrollo Profesional Docente (N.º 20.903), en 2016, se promovieron importantes avances en estándares de formación, prácticas profesionales, acreditación y requisitos de ingreso. Sin embargo, el país elevó las exigencias para acceder y ejercer la profesión sin avanzar con la misma fuerza en su reconocimiento social y profesional.
Hoy enfrentamos una contradicción evidente. Nunca se ha insistido tanto en que los docentes son fundamentales para mejorar la calidad de la educación, una afirmación respaldada por organismos internacionales, el Estado y la evidencia académica. No obstante, esa valoración discursiva no se traduce en mejores condiciones de trabajo ni en un mayor reconocimiento social. Esa brecha es conocida por quienes hoy estudian pedagogía y por quienes han decidido no hacerlo.
Por ello, preocupa que el debate público siga oscilando entre flexibilizar los requisitos de ingreso para aumentar la matrícula o mantener estándares elevados como si esa fuera la única discusión relevante. Ambas posiciones dejan de lado el problema de fondo: la pérdida del valor social de la profesión docente y la ausencia de una política sostenida que la fortalezca integralmente.
Chile necesita una política de Estado que trascienda la admisión universitaria y articule reconocimiento social, formación inicial de excelencia, mejores condiciones laborales, desarrollo profesional, liderazgo escolar y bienestar docente. Ese camino ya comenzó a recorrerse, pero requiere ser retomado con decisión.
La pregunta de fondo no es cómo completar las vacantes en las carreras de pedagogía, sino qué país construiremos cuando formar profesores deje de ser una prioridad para el Estado.
