El diputado Daniel Núñez se reunió con los 12 trabajadores quienes habrían sido injustamente despedidos de la Planta Portezuelo de Enami Illapel, tras haber creado un sindicato.
Dicha práctica antisindical provocó también el despido del presidente del Sindicato, no respetando su fuero, Enrique Gatica. Al respecto, el hombre explicó que «la empresa aplica el artículo 161, por necesidades de la empresa, lo cual no es así, porque una vez que nos despidieron, al otro día, ya estábamos reemplazados. Antes que me despidieran, yo solicité fiscalización, porque había una máquina en mal estado, trajeron otra en peor estado y eso es evidente que fue una burla».
El dirigente agregó que «y por eso me despidieron sin pagarme ningún peso por indemnización, se demoraron un mes en pagarme la remuneración. Fuimos a la dirección de trabajo y se ordenó a la empresa que debían reincorporarme, el abogado de la empresa se allanó a eso y nuevamente no sucedió nada. Ni siquiera me dejaron entrar a la Planta».
Por esta situación, el diputado Núñez emplazó al ministro de Minería, Baldo Prokurica a que «de una explicación para que diga qué está ocurriendo en la Planta de Illapel, por qué ocurren estos despidos injustificados y por qué no actúa ninguna autoridad o el vicepresidente ejecutivo de Enami para detener esta situación. Yo haré todas las acciones legales, políticas que correspondan, pienso visitar la planta de Enami para constatar las irregularidades. Exijo que se reintegren a sus labores».
Núñez comentó que «esta situación es irregular y gravísima. Ellos se organizaron, formaron un sindicato y pasaron unas semanas y empezaron a ser despedidos en forma arbitraria. Sólo en este último mes despidieron a 8 personas».
El legislador añadió que «también despidieron al presidente del sindicato, a una integrante del Comité Paritario, prácticas que son antisindicales y situaciones que son abiertamente ilegales. Más grave aún porque es una empresa estatal, si bien ellos trabajan en una contratista privada (ACM) trabajan para las Plantas de Enami, por lo tanto, acá responde el Estado y el ministro de Minería», enfatizó.