• La iniciativa seguirá revisándose para proceder a la votación en particular de los artículos que componen el cuerpo legal. 
• El ministro de Hacienda, Mario Marcel destacó: “esta votación refleja la valoración del diálogo, ya que el reajuste viene precedido de un acuerdo amplio con las organizaciones de trabajadores del sector público”.
• La ministra del Trabajo, Jeannette Jara sostuvo que hubo voluntad de los dirigentes de la Mesa del Sector Público para un acuerdo que “logrará proteger el poder adquisitivo de los funcionarios, resguardando los recursos fiscales y con el objetivo siempre de entregar el mejor servicio a la ciudadanía”.

Valparaíso, 12 de diciembre de 2023.- La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y por unanimidad, el Proyecto de Ley de Reajuste General de Remuneraciones del Sector Público, que establece un incremento salarial de 4,3%, acordado con las

15 organizaciones que componen la mesa de negociación. En la sesión participaron los ministros de Hacienda, Mario Marcel; del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; de Salud, Ximena Aguilera; y la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña. Mañana la Comisión seguirá sesionando para discutir y votar en particular el articulado.

El proyecto de ley contempla los lineamientos del acuerdo logrado con las asociaciones gremiales en cuanto a los beneficios económicos, estableciendo que las remuneraciones tendrán un reajuste de 4,3%, mientras que los bonos, aguinaldos y el reajuste de remuneraciones mínimas será de 4,8%. Se estima que el reajuste de remuneraciones beneficiará a 844.934 trabajadores, mientras que los reajustes de bonos y aguinaldos los recibirán otras 3.946.962 personas, entre beneficiarios activos y pasivos. El costo fiscal de estos incrementos será de $1.078.788 millones para los salarios, de los cuales $81.024 millones se destinarán a bonos y aguinaldos en 2024. 

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la aprobación unánime: “esta votación refleja la valoración del diálogo, ya que el reajuste viene precedido de un acuerdo amplio con las organizaciones de trabajadores del sector público más amplio que el que tuvimos el año pasado. En 2022 tuvimos dos o tres organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público que finalmente no firmaron, en este caso fueron todas las organizaciones representadas ahí”. Asimismo, respecto de la evolución de la inflación, el ministro recordó que “el año pasado, a estas alturas llevábamos un par de meses con la inflación a la baja, pero estábamos en dos dígitos. A esta altura del año pasado estábamos en 12% de inflación, mientras que ahora estamos en 4,8%. Es decir, estamos prácticamente en algo así como un tercio de la inflación que teníamos el año pasado. Este escenario facilitó el que hubiera un ajuste que fuera parejo y que tuviéramos este acuerdo amplio con el que hemos llegado”. 

En tanto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró que el proyecto de ley se aprobara en general en la comisión de Hacienda de la Cámara y señaló que “hubo mucha voluntad de los dirigentes de la Mesa del Sector Público para alcanzar un buen acuerdo, que lograra proteger el poder adquisitivo de los funcionarios, resguardando los recursos fiscales y con el objetivo siempre de entregar el mejor servicio a la ciudadanía. Esperemos que esta voluntad de lograr acuerdos importantes sirva de ejemplo para otras áreas en las que también necesitamos estar unidos como país”. 

Por otro lado, destacó que, además de las normas del reajuste, “existe una agenda acordada con la

Mesa del Sector Público que también establece compromisos de orden laboral, como, por ejemplo, que ningún servidor público tendrá un salario que sea menor a $500.000 desde el próximo año. Todo, con el horizonte de otorgar el mejor servicio público a la ciudadanía”.

En tanto, para la Agenda de Trabajo 2023-2024, el acuerdo considera trabajar en materias como incentivo al retiro, 40 horas en el Estatuto del Empleo Público, trabajo decente, teletrabajo, equidad de género, seguridad funcionaria, salud mental, cuidado infantil, contratas, mesas sectoriales de salud, modificaciones al calendario de traspaso de los SLEP y regularización de honorarios en universidades estatales. 

Otros contenidos del proyecto

Además de los reajustes de remuneraciones, el proyecto considera también otros puntos, algunos de los cuales se detallan a continuación: 

• Extensión de la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 de las leyes de incentivo al retiro para la Administración Central del Estado, Junji, Atención Primaria de Salud, Servicios de Salud y Otros, Docentes, No Académicos de Universidades Estatales, Académicos de Universidades Estatales, Poder Judicial, Congreso Nacional y Médicos y Profesionales de la Salud.

Faculta a los jefes superiores de servicio de las subsecretarías y de los servicios dependientes de los ministerios o que se relacionen a través de ellos, a los rectores y rectoras de las Universidades del Estado y de los Centros de Formación Técnica del Estado, al Contralor General de la República y a los Gobernadores Regionales, para establecer trabajo remoto en sus servicios respectivos, por los períodos que se indican.

• Se extiende hasta 2025 el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga. 
• En Gendarmería de Chile se redistribuyen cargos en las plantas I, de oficiales penitenciarios, y en la planta II, de suboficiales y gendarmes. 
• Se modifica, excepcionalmente para el año 2024, el procedimiento para la fijación del Índice de Costos de Salud (ICSA). Primero, no se considerará el costo de las nuevas prestaciones y la variación de frecuencia de uso de las prestaciones que se realicen en la modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud. Segundo, se adelanta la dictación de la resolución al 20 de febrero, se reduce el plazo de respuesta de las compañías a cinco días y se contempla reajuste de precios en abril. Finalmente, la Superintendencia de Salud determinará el valor en UF que podrá incorporarse a los planes para financiar la cobertura de las prestaciones de salud de las cargas menores de dos años de edad.