“La Polar ha engañado sistemáticamente a la fe pública. Por eso vamos a trabajar en una legislación robusta para proteger a los consumidores”, indicó el diputado Daniel Manouchehri, presidente de la comisión.
La Comisión Investigadora por eventual contrabando de multitiendas La Polar finalizó su trabajo, aprobando el informe final con las conclusiones abordadas en la instancia.
El documento, que será votado por la Sala de la Cámara de Diputados, indica que “La Polar ha dañado a los consumidores con la venta de productos falsificados y dejó en evidencia que es urgente realizar modificaciones normativas que persigan esos ilícitos de manera adecuada. Ello, debido a que sus clientes adquirieron ropa falsificada, creyendo que se trataba de ropa de marca y pagaron un costo elevado por esas prendas, ignorando que eran prendas falsas”.
Asimismo, la misiva recalca que “este verdadero modus operandi vinculado a la falsificación de ropa es un tremendo negocio, que mueve muchos millones de dólares a nivel mundial y Chile no es la excepción lamentablemente. Este verdadero mercado negro se adapta y adecúa a las realidades del mercado local, eludiendo los mecanismos de control y de fiscalización existentes”.
Al respecto, el diputado PS Daniel Manouchehri, presidente de la comisión, afirmó que “hoy día los consumidores no tienen el resguardo necesario para poder garantizar que no se les engañe. Es por eso que nosotros hemos sugerido una serie de modificaciones legales que se plasmarán en proyectos de ley que esperamos que puedan otorgarles mayores derechos a los ciudadanos”.
“Es tiempo de que se terminen los abusos. La Polar ha abusado sistemáticamente de los consumidores, ha engañado a la fe pública y hoy día esto tiene que acabarse. Por eso vamos a trabajar en una legislación robusta para proteger a los consumidores”, remarcó el legislador por la Región de Coquimbo.
Entre los puntos a destacar del informe aprobado por los integrantes de la instancia, están las propuestas para que el Ejecutivo pueda hacerse cargo de las falencias de los organismos públicos involucrados, donde se necesita iniciativa del Ejecutivo. En este caso, comparecieron representantes del Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos (SII), Unidad De Análisis Financiero, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y otros.
Además, el documento contempla diversas modificaciones legales para hacerse cargo de los problemas que se detectaron. En este caso, la comisión recomienda:
· Modificar la ley de propiedad industrial vinculado con la persecución penal, porque actualmente los delitos marcarios son de acción penal privada, dependiendo de la voluntad del querellante (titular de la marca) si se da inicio o no a la persecución penal.
· Revisar la configuración del delito de contrabando que se contempla en la Ordenanza General de Aduanas, donde debiera considerarse también la afectación de la fe pública o directamente los derechos de los consumidores.
· Modificar la Ley 19.912 que adecúa la legislación que indica conforme a los acuerdos de la Organización mundial del Comercio (OMC) suscritos por Chile, con el objetivo de limitar la posibilidad de que las mercancías retenidas en frontera puedan ser entregadas a su destinatario en caso de que los titulares del derecho de propiedad no ejerzan las acciones legales dentro de plazo.
· Avanzar respecto de la tipificación del delito de mentir en el derecho de consumidor, que actualmente no considera nuestra legislación penal, según planteó el abogado Andrés Sepúlveda en su exposición ante la comisión, ya que en su opinión “con un tipo penal general de delito en contra del consumidor, es una forma de avanzar hacia una mejor ética empresarial.”
· Revisar la tipificación del delito de falsificación que contempla nuestra legislación penal, para reconocer que el delito es pluriofensivo, ya que no solo afecta a la empresa titular de la marca, por ejemplo, sino que además se afecta a las personas. Donde, además se considerará que estos casos las empresas deben llegar a acuerdo con las asociaciones de consumidores u otros, para que no ocurra como en el caso actual de La Polar S.A. donde mediante acuerdos privados, se desisten de la querella y la persecución penal termina sin sanciones.