Seguridad marcará la primera Cuenta Pública de Kast en medio de presión oficialista
A cuatro días de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el tema de la seguridad se instaló como el eje que concentra las mayores expectativas dentro del oficialismo y también uno de los principales focos de presión hacia el Gobierno.
La materia fue una de las banderas centrales de campaña del Mandatario, aunque en los primeros meses de administración también ha generado cuestionamientos por la falta de un plan concreto para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
Las críticas derivaron incluso en cambios dentro del Ejecutivo, luego de la salida de Trinidad Steinert de la conducción de Seguridad Pública. En su reemplazo asumió Martín Arrau, quien ahora lidera el trabajo del Gobierno en esta área.
En ese contexto, Kast sostuvo un almuerzo con Arrau en el Palacio de La Moneda, encuentro que se desarrolló mientras se afinan los últimos detalles del mensaje presidencial del próximo lunes. La cita también estuvo marcada por la exposición que el nuevo ministro deberá realizar el 2 de junio ante el Senado, instancia donde presentará el plan de seguridad del Ejecutivo.
Desde Chile Vamos, la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, sostuvo que la seguridad debe ocupar un lugar prioritario en la Cuenta Pública.
“Uno de los puntos esenciales que debe marcar en la Cuenta Pública es el plan y el trabajo en seguridad. La prioridad número uno de los chilenos es ese tema y espero que así lo tome el mensaje del lunes”, señaló.
La dirigente agregó que existen iniciativas legislativas impulsadas durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera que podrían retomarse para fortalecer la agenda en materia de seguridad.
“Creo que hay muchos de los proyectos incluso que quedaron del Gobierno del expresidente Piñera, que estaban en el fast track legislativo y se deberían incorporar”, afirmó.
Balladares también insistió en que todas las herramientas disponibles para enfrentar el crimen organizado deben ser consideradas por el Ejecutivo, enfatizando que las medidas para combatir la delincuencia requieren acuerdos amplios y acciones concretas.
