Kast: «Dijimos que no íbamos a cortar derechos y no lo vamos a hacer, pero tenemos que ordenar la casa»
En medio de la controversia política generada por la filtración de oficios de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que plantean recortes y la eventual “descontinuación” de distintos programas sociales, el Presidente José Antonio Kast entregó un respaldo público a su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendiendo la necesidad de ordenar las finanzas del Estado sin afectar derechos fundamentales.
La discusión se instaló luego de conocerse un anexo exploratorio de la Dipres que propone reducir en al menos un 15% el financiamiento de diversas prestaciones sensibles a partir de 2027, lo que generó críticas desde la oposición e incluso inquietud en sectores de Chile Vamos.
Frente a este escenario, el Mandatario sostuvo que el ministro de Hacienda enfrenta una tarea compleja en medio de un escenario de estrechez fiscal y llamó a comprender que no existen recursos suficientes para responder a todas las demandas ciudadanas.
Kast aseguró que su Gobierno no recortará derechos sociales, pero insistió en la necesidad de avanzar en un reordenamiento administrativo del gasto público.
“El ministro Quiroz está haciendo un gran trabajo, un trabajo muy difícil, porque tiene que llamar a todo Chile a que entendamos que no están todos los recursos para poder cumplir las solicitudes que hacen todas las personas”, señaló el jefe de Estado.
“Nosotros dijimos que no íbamos a cortar derechos a las personas y no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que ordenar la casa”, agregó.
Por su parte, Jorge Quiroz explicó que la polémica se originó por una interpretación equivocada del término “descontinuar”, utilizado en el documento técnico, aclarando que no implica la eliminación de beneficios sociales, sino una eventual reformulación de los programas.
Según indicó, el oficio no fue pensado como una declaración pública y responde a un lenguaje técnico de uso interno, orientado a la evaluación presupuestaria.
Entre los programas que aparecen en la discusión figuran la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono de Invierno, el Subsidio Único Familiar y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), además del subsidio al transporte público en la Región Metropolitana y planes destinados a personas en situación de calle, como Protege Calle.
La posibilidad de ajustes en estas áreas generó reacciones dentro del oficialismo. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, advirtió que para su sector los derechos sociales constituyen una línea roja que no debe ser cruzada.
La senadora remarcó que estos beneficios son fundamentales para las personas más vulnerables y recordó que su mantención fue un compromiso asumido por el propio Presidente.
En la misma línea, Karla Rubilar, exministra de Desarrollo Social, sostuvo que si bien es legítimo revisar programas públicos, el Ejecutivo ha cometido errores comunicacionales que han profundizado la incertidumbre.
Desde la oposición, la senadora Loreto Carvajal exigió claridad respecto a la política pública que aplicará el Gobierno, especialmente en materias que afectan directamente a sectores vulnerables.
Mientras la tensión política aumenta, parlamentarios del Frente Amplio solicitaron transparentar todos los decretos de modificación presupuestaria ya firmados este año, con el objetivo de determinar si los recortes del 3% por ministerio ya están impactando programas sociales actualmente en ejecución.
La discusión formal del Presupuesto 2027 comenzará en octubre, en un escenario que ya se anticipa como uno de los debates legislativos más complejos para la actual administración.
