Ministerios empiezan a delinear dónde bajar gasto fiscal y Gobierno da la primera orden por auditoría
El Gobierno enfrenta este viernes un hito relevante en su plan de ajuste fiscal, en el marco de la auditoría a la administración pública mandatada por el Presidente José Antonio Kast.
Durante esta jornada vence el plazo establecido por el Ministerio de Hacienda para que los ministerios informen a la Dirección de Presupuestos (Dipres) las medidas que adoptarán para concretar un recorte adicional de US$1.000 millones, el que se suma a la instrucción previa de reducir en 3% el presupuesto vigente de cada cartera.
En paralelo, tras la primera sesión del Comité de Auditoría y Revisión, se determinó que los servicios públicos deberán reportar, en un plazo de 17 días, el uso de los recursos fiscales correspondientes al período entre 2025 y el 11 de marzo de 2026.
La orden de ajuste fue comunicada esta semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como parte de una estrategia de disciplina fiscal que proyecta un ahorro cercano a los US$4.000 millones durante 2026. De ese total, alrededor de US$3.000 millones provendrán del recorte lineal del 3%, mientras que el resto será resultado de reducciones adicionales que variarán según la capacidad de ajuste de cada ministerio.
En este contexto, la Dipres desplegó equipos sectoriales para supervisar la implementación de las medidas. Entre los criterios que ya se analizan en distintas carteras figuran la reducción de viajes, la limitación de viáticos, la contención en la contratación de personal, la revisión de gastos operacionales y la eventual no reposición de vacantes, salvo en situaciones críticas.
El impacto del ajuste es especialmente significativo en los ministerios con mayor presupuesto. En Salud, el recorte del 3% supera los $517 mil millones, mientras que en Educación bordea los $524 mil millones y en Vivienda alcanza cerca de $200 mil millones.
En el caso de Salud, ya se han definido lineamientos para restringir reemplazos, limitar horas extraordinarias y reducir viáticos. En Educación, en tanto, se evalúan medidas como congelar nuevas inversiones en infraestructura, revisar beneficios estudiantiles y ajustar estructuras internas. En Vivienda, las restricciones apuntan a disminuir gastos en estudios, arriendos, honorarios y convenios.
Junto con el ajuste presupuestario, el Ejecutivo dio inicio al proceso de auditoría al aparato estatal mediante la primera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia que tendrá como objetivo revisar el uso de los recursos públicos en la administración anterior.
El proceso ha sido calificado como inédito por el Gobierno, ya que contempla la participación de más de mil auditores internos para examinar las cuentas fiscales y reforzar la transparencia en la gestión pública.
En esta primera etapa, se estableció que los servicios deberán remitir información en cinco áreas clave: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios y gestión presupuestaria.
Según lo definido por la autoridad, el primer informe deberá incluir antecedentes de 2025 y hasta el 11 de marzo de 2026, con plazo de entrega hasta el 6 de abril. Posteriormente, el comité fijó la presentación de un informe preliminar para el 10 de abril.
Asimismo, se acordó un calendario progresivo para la entrega de información de años anteriores: hasta el 16 de abril para los datos de 2024, hasta el 27 de abril para 2023 y hasta el 6 de mayo para 2022.
La auditoría abarcará a los organismos del gobierno central y, según lo indicado por el Ejecutivo, cualquier eventual irregularidad detectada será derivada a las instancias correspondientes. Desde el Gobierno se enfatizó que este proceso se desarrollará con sentido de urgencia, en un contexto de emergencia fiscal y bajo criterios de transparencia y responsabilidad ante la ciudadanía.
