El viernes pasado el director general de Aguas (s) del MOP, Cristian Núñez, participó junto a otros representantes de servicios públicos en el encuentro que sostuvo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, con la comunidad del sector Cañas Uno en la comuna de Illapel por la emergencia agrícola y crisis hídrica.
En la ocasión, el alcalde Denis Cortés, comentó que ese sector del río Choapa, junto con la comuna de Illapel, es uno de los más afectados con la crisis hídrica. “La comuna de Illapel en la ciudad se abastece 100% con agua traída de Salamanca, de los 34 APRs 24 están en situación crítica, este sector (Cañas Uno) hace más de 9 meses que no recibe agua por el canal Buzeta”.
Agregó que si bien la crisis hídrica en Illapel tiene que ver con el cambio climático y bajas precipitaciones, también está relacionado “con una mala distribución del agua, con el abuso y con la desigualdad que han vivido nuestros vecinos”.
El alcalde expuso a las autoridades presentes que hasta marzo el río Choapa tenía 600 litros por segundo y que minera Los Pelambres saca 400 litros por segundo. “Seguramente, hace años atrás eso tenía menos impacto, pero hoy sacar 400 litros por segundo de un río que tiene 650 litros es algo que hay que cambiar. No nos parece justo que mientras minera Los Pelambres saca el 100% de sus litros, los pequeños agricultores y regantes se tienen que ajustar a una prorrata que no les alcanza para sus animales y cultivos”.
Al respecto, el director general de Aguas (s), señaló que la distribución de las aguas de la cuenca del Choapa es una preocupación válida de la comunidad, comprometiéndose en un plazo de tres meses a revisar la repartición de las aguas. Para ello, señaló que la DGA solicitó a la Junta de Vigilancia del río Choapa antecedentes, los que están en revisión; y que la misma solicitud se hizo a minera Los Pelambres.
Además, Núñez indicó que realizarán actividades en terreno para tener claridad cómo se debe distribuir el agua existente y precisó que dicha acción se complementará con las herramientas que entrega el nuevo Código de Aguas a la DGA. “Éste nos mandata para que una vez que tengamos claridad de cómo debe funcionar el sistema en torno a la distribución de aguas, la Junta de Vigilancia en un plazo acotado nos presente un acuerdo para distribuir el agua. El cual tenemos que validar que sea justo y equitativo, con priorización del consumo humano, uso doméstico de subsistencia y preservación ecosistémica. Estos tres elementos son número uno, después vienen las otras cosas”. Si vemos que la distribución no es la correcta, les vamos a dar una instrucción; si no la cumplen, la DGA intervendrá y nos haremos cargo de la distribución”, recalcó.
En este punto, destacó que se requiere un trabajo en conjunto, con la formación de la Comunidad de Aguas Subterráneas del Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común de Illapel, el cual fue iniciado por parte de la DGA y que espera esté presentado antes de fin de año. Asimismo, indicó que la DGA realizará un trabajo con otras comunidades de aguas que se requieran formar en la provincia.
Sobre esta materia, mencionó que la DGA dará el soporte técnico y legal para que los usuarios y usuarias de agua puedan regularizar sus derechos en el corto plazo, junto a INDAP y que es necesario que se acerquen a la jefa provincial de la DGA, Sara Moore y al director regional (s) de Aguas, Patricio Luengo, quienes trabajan el tema.
Al término del espacio de intervención de vecinos y vecinas, el director general de Aguas (s), aclaró algunas dudas de los presentes y señaló que las Juntas de Vigilancia no pueden hacer cambios de puntos de captación, ya que no están autorizadas para ello. Llamó a entregar antecedentes a la oficina provincial de la DGA si ello ocurriere.
Asimismo, se refirió a la representatividad de los directorios de las Juntas de Vigilancia, indicando que quienes tengan más acciones sólo tendrán derecho a un director. “Hace dos días atrás hemos dado una instrucción mediante una circular que todas las directivas, independiente de la cantidad de acciones que posea una persona o empresa, no puede tener más de un director”.
Argumentó que el rol de la Junta de Vigilancia es que ese bien común se administre adecuadamente, ya que no puede ser que un grupo se autorregule y que deben estar representados los distintos usuarios de aguas en el directorio.
Por último, la autoridad nacional de la DGA, adelantó que se realizará un plan de difusión a través de la oficina provincial DGA y con el director regional, con talleres en los distintos sectores para informar sobre la implementación de las modificaciones del Código de Aguas.