En condiciones de ser promulgada ley de la República quedó el proyecto que aumenta las sanciones a los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentren en su interior, más conocido como “antiportonazos”.
Al respecto, el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, aseguró que “contar con una ley de esta naturaleza resulta de una importancia evidente, tomando en cuenta que el aumento de este delito entre enero y mayo llegó a un 48% en comparación con el mismo periodo del año anterior”.
Asimismo, explicó el parlamentario gremialista, que “la iniciativa contiene medidas especiales, entre ellas, aumentos de penas y consideración de situaciones agravantes, tales como, la receptación o la presencia de menores en los vehículos”.
«Aumentamos las penas para aquellas personas que participen de estas acciones delictuales llamadas portonazos y aumentamos las penas de aquellas personas que compran autos o piezas de autos que vengan o que tengan su origen precisamente en este tipo de robos o asaltos», argumentó el diputado UDI.
En la misma línea, indicó Fuenzalida que “en relación al delito de receptación se considera una pena agravada aumentándola a cuatro o cinco años de presidio para todos quienes compren autos que hayan tenido su origen en este tipo de delitos. Para eso se obliga que las denuncias de vehículos sustraídos en portonazos se incorporen inmediatamente al registro de vehículos robados”.
Y, se aumenta la pena de 10 a 20 años si una persona roba un vehículo, hace que el conductor baje del auto y en ese vehículo hay un infante o hay una persona que no puede valerse por sí misma y lo pone en movimiento.
“Ante este último hecho la gravedad resulta dramática, ya que junto a lo que significa el robo de un vehículo, la tensión, la presión y violencia que se ejerce contra un conductor, que además va con un hijo que es un niño o con una persona que no se puede valer por si misma, resulta una situación aterradora», subrayó el legislador.
Por último, Juan Manuel Fuenzalida, añadió que la ley considera medidas preventivas como la obligación de las importadoras de instalar dispositivos GPS y otros elementos de seguridad tecnológicos que impidan el robo de un vehículo; además se agrega la responsabilidad para las concesionarias de rutas de informar del paso de vehículos con denuncias de robos a requerimiento de la autoridad.