Diputados de la región se muestran a favor de que el cambio del medidor sea voluntario.

Tras conocerse que las empresas eléctricas reemplazarán los actuales medidores de luz por “dispositivos inteligentes” – cambio que sería costeado por los mismos clientes – parlamentarios intentarán modificar la ley, buscando que el cambio a dichos dispositivos pueda ser voluntario.

“Tendrán múltiples beneficios para los clientes” decía hace sólo un par de días, la ministra de Energía, Susana Jiménez, al referirse a los “medidores inteligentes” que, desde este año y hasta 2025, reemplazarán a los actuales dispositivos que hoy existen en todos los hogares chilenos. No obstante, a partir de un reportaje realizado por el portal de investigación Ciper, se reveló que el costo de la instalación de los “medidores inteligentes” a 6,5 millones de clientes de suministro eléctrico del país – que conllevará un costo cercano a los 1.000 millones de dólares – sería asumido íntegramente por los propios clientes.

«El año 2017, esta iniciativa pasa al Senado y en esa discusión, con la participación cómplice de la Comisión Nacional de Energía (CNE), se distorsionó todo el proyecto que nosotros hicimos, estableciéndose que a partir de 2025, en forma gradual, tanto el empalme como el medidor será propiedad de la Empresa Eléctrica y ahí se agregan cosas ajenas al proyecto de origen, como la obligatoriedad de tener un medidor inteligente y por ende, este pago lo hará el cliente», Daniel Núñez, diputado Pero hay más. Pues estos modernos dispositivos de medición, monitoreo y control del consumo eléctrico de los hogares, pasarán a ser propiedad de las empresas y no de los usuarios, como era hasta ahora.

Ley de la discordia

En principio, se debe aclarar que la propiedad de los medidores surge a partir de la Ley 21.076 de febrero de 2018, que establece que “el empalme y el medidor son parte de la red de distribución y, por tanto, de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio de distribución”. Al respecto, dicha legislación se entronca a una iniciativa presentada por los diputados de la región Sergio Gahona (UDI) y Daniel Núñez (PC), quienes junto al apoyo de otros parlamentarios, presentaron una iniciativa cuyo fin, era que quienes habían perdido sus viviendas tras el terremoto de que afectó a la región el año 2015, no tuvieran que hacerse cargo de la reposición de los empalmes y medidores, sino que fueran las empresas eléctricas las que asumieran el costo, idea que también se buscaba aplicar para futuras catástrofes. En ese sentido, el diputado Daniel Núñez, explicó que la iniciativa fue totalmente tergiversada, apuntando sus dardos a las modificaciones realizadas por el Senado.

«En el proyecto que nosotros hicimos, que se aprobó en la Cámara establecía que en caso de catástrofe es la empresa la que se ve obligada a reponer el empalme y el medidor financiado por ella. El año 2017, esta iniciativa pasa al Senado y en esa discusión, con la participación cómplice de la Comisión Nacional de Energía (CNE), se distorsionó todo el proyecto que nosotros hicimos, estableciéndose que a partir de 2025, en forma gradual, tanto el empalme como el medidor será propiedad de la Empresa Eléctrica y ahí se agregan cosas ajenas al proyecto de origen, como la obligatoriedad de tener un medidor inteligente y por ende, este pago lo hará el cliente. Esto es algo muy abusivo» sentenció.

A modo de complemento, el diputado Sergio Gahona explicó que durante la tramitación de la ley, la administración pasada “incluyó el cambio en la propiedad de los medidores, que establece que el empalme y el medidor son parte de la red de distribución y por tanto, de propiedad y responsabilidad de las empresas de distribución eléctrica”. A eso se suma señala, la nueva Norma Técnica de Distribución, que también se dictó durante la administración anterior, estableciendo mayores exigencias a las empresas en términos de calidad del servicio, implementando nuevas herramientas de medida y monitoreo. “Entonces toda esta norma técnica implica que las empresas deban adecuarse a esta mayor exigencia de calidad de servicio que exige el Estado. Y evidentemente, eso tiene mayor costo. Y por eso que los medidores están incluidos en esto ¿Donde? En los decretos tarifarios” explica. Ya se está pagando En ese sentido, el diputado Gahona señaló que “es falso que la gente va a tener que pagar 85.000 o 90.000 pesos para que le cambien el medidor, porque desde la tarifa del 28 de septiembre del año pasado, ya está incluido el costo de los medidores inteligentes”. Agregó que “cualquier persona que le estén cobrando por eso, tiene que denunciarlo inmediatamente a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Pero el costo del medidor inteligente ya está incluido en la tarifa y representa el 1% de ésta”. Para el parlamentario si las empresas tienen que hacerse cargo de los medidores y los empalmes, “obviamente tiene que ser de cargo de ellos, y si son de cargo de ellos (los medidores) tienen que ser propiedad de ellos.

Quien tiene que hacer la inversión y hacer el empalme es la empresa. Pero insisto, ya está incluido en la tarifa. Hoy día ya se está cobrando el medidor inteligente”. Por su parte, el seremi de Energía, Álvaro Herrera, reconoció que este cambio tecnológico “tiene asociado un costo”, el cual deberá estar considerado en el proceso tarifario.

Sin embargo, aseguró este costo “no implicará una mayor rentabilidad para las empresas distribuidoras. Para efectos de calcular las tarifas también se considerarán los ahorros producidos por la implementación de este moderno sistema. Todo ahorro que haga la empresa distribuidora gracias a disponer de estos medidores será especialmente reconocido y trasladado a rebaja tarifaria”. Pese a esto, el diputado Daniel Núñez, anunció que ingresará un Proyecto de Ley de tramitación Express en el Congreso para que los clientes no paguen por los medidores inteligentes. Al respecto, dicho proyecto contempla dos puntos relevantes: la voluntariedad de la instalación del medidor inteligente, es decir, que a cada cliente se le pregunte si quiere o no cambiar su nuevo medidor y en caso que acepte, el costo y financiamiento pase por cuenta de la empresa, que será la principal beneficiada con estos nuevos medidores. Al respecto, Gahona se mostró favorable a la idea de que el cambio de medidor sea voluntario. “Esto me parece que es un tema que hay que discutir y conversar para dar con una solución razonable” argumentó.

Fuente: Diario el Día